CLÁUSULA SUELO

El Tribunal Supremo, en Sentencia nº 241/13, de fecha 09 de mayo de 2013, declaró el carácter abusivo de las denominadas cláusulas suelo, confirmando su nulidad, sin embargo, limitaba los efectos derivados de dicha nulidad a la reclamación de la cantidades satisfechas desde dicha fecha en adelante.

Ahora, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 21/12/2016, confirmando el carácter abusivo de dichas cláusulas, amplía las consecuencias de la nulidad de las cláusulas suelo, abriendo la vía de la reclamación de todas las cantidades abonadas indebidamente a la entidades bancarias por la aplicación de dicha cláusula, y ello sin limitación temporal.

A raíz de dicha Sentencia del Tribunal Europeo, el pasado Sábado 21 de enero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Con este Real Decreto se pretende regular un procedimiento de carácter voluntario para la reclamación a las entidades bancarias, y la devolución de las cantidades debidas, intentando facilitar un acuerdo extrajudicial entre consumidores y entidades financieras.

Las notas esenciales de dicho procedimiento extrajudicial son las siguientes:

- Se impone a las entidades de crédito la obligación de implantar un sistema de Reclamación Previa, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, que deberá atender las peticiones de los usuarios.

- Tras la Reclamación previa realizada por el usuario, la entidad dispone de un plazo de tres meses para el estudio de la reclamación, realización del cálculo de las cantidades a devolver, en su caso, y remitir comunicación al usuario.

- Tras dicho procedimiento, insistimos, de carácter voluntario, se abre la vía de la reclamación judicial para el caso de disconformidad con la propuesta de la entidad financiera.

Además de ello, se abre la vía en el Real Decreto a la compensación de las cantidades satisfechas por vía distinta al pago en efectivo, previa conformidad del usuario, así como se establece el régimen fiscal de las posibles devoluciones, incentivando, en este sentido, la aplicación de las cantidades a la minoración del principal del préstamo frente a la devolución en efectivo.

 

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