LÍMITES LEGALES PARA SER ADMINISTRADOR DE UNA SOCIEDAD

Existen diferentes cuestiones a dirimir en torno al administrador de una sociedad. En primer lugar hay que hacer referencia al representante legal de una empresa, que es la persona que actúa en nombre de otra, que puede corresponderse a una persona natural o a una persona jurídica. La representación legal se otorga por lo general a través de una escritura pública.

El representante legal se hará cargo de esta manera de las obligaciones, negocios y derechos del representado, pudiendo gestionarlos y disponer de ellos en función de las condiciones pactadas en el momento de crearse la representación.

La representación y administración de una sociedad se desempeñan por el Órgano de Administración de la misma. Se permite que la gestión de dichas empresas se confía a cualquiera de los siguientes órganos en virtud de la Ley de Sociedades de Capital de 2 de julio de 2010: un administrador único, que se ocupará de ejercer el poder de representación de la sociedad; varios administradores solidarios, que actúan en nombre de la sociedad indistintamente; varios administradores mancomunados, que desempeñan su labor de forma conjunta, de común acuerdo; y un Consejo de Administración, que afrontará la representación de la sociedad excepto que los estatutos lo reduzcan a uno

Quiénes no pueden ejercer la labor de administrador de una sociedad

En el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital aparecen las prohibiciones para convertirse en Administrador de una sociedad de capital mercantil. Dicha normativa impide que sean administradores “los menores de edad no emancipados, los judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso”, además de las personas condenadas “por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socieconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el derecho.

UNA SOCIEDAD DISUELTA PUEDE TENER UNA INSPECCIÓN

A veces se piensa que cuando una entidad se disuelve los socios ya pueden despreocuparse de la misma porque ha dejado de existir. Esto, por supuesto, no es correcto. Ya hemos comentado en anteriores ocasiones que la Agencia Tributaria puede revisar los datos fiscales correspondientes a los cuatro ejercicios anteriores, a contar desde el plazo de presentación de cada modelo. A efectos mercantiles, las facturas deben conservarse durante 6 años. Por lo tanto, la disolución no supone ni mucho menos la extinción de la responsabilidad.

Los socios, como sucesores de la entidad, deben responder de las obligaciones contraídas con anterioridad,entre ellas las obligaciones tributarias. Y esto no se refiere tan sólo a posibles deudas que surjan en un momento posterior sino a inspecciones o revisiones de declaraciones y autoliquidaciones.

Si las actuaciones tuvieran lugar antes de la extinción de la sociedad (que se produce una vez inscrita en el Registro Mercantilserán los liquidadores quienes tengan que responder. Pero, una vez inscrita, su nombramiento y facultades pierden vigencia y pasan a ser los socios los responsables.

Dado que la entidad ya no existe, la Agencia Tributaria comunicará el inicio del procedimiento a todos los socios para que puedan comparecer en defensa de sus derechos e intereses. De ahí que los socios tengan incluso más responsabilidad que antes de la disolución. En una entidad, es el administrador el que responde de la correctagestión de la empresa y quien tiene que responder, incluso con su patrimonio, en caso de negligencia.

Si de la comprobación se deriva una cantidad a ingresar o una sanción, la Administración podrá ejercer acciones de cobro contra cualquiera de los obligados solidariamente o contra todos ellos de forma simultánea; sin que las acciones dirigidas contra cualquiera de ellos sea obstáculo para continuar contra los demás, hasta que se cobre la deuda completamente.

Aparte de todo esto, hay que tener en cuenta que en el ejercicio en el que se disuelve la empresa se generan también obligaciones fiscales (presentación de autoliquidaciones trimestrales o de resúmenes, presentación de Sociedades y de cuentas anuales) que deberán cumplir los socios, ya que el administrador ha dejado de serlo. Y muchas veces no están familiarizados con estas rutinas, ya que era un tercero quien se ocupaba de ellas.

NUEVA TRIBUTACIÓN DE LAS SOCIEDADES CIVILES

a reforma fiscal aprobada establece que las Sociedades Civiles con objeto mercantil pasarán a tributar, a partir del 1 de enero del 2016 en el Impuesto de Sociedades, lo cual es un cambio muy importante para este tipo de entidades como ya os adelantamos -

Esta medida suscita muchas dudas especialmente para los socios de sociedades civiles, a los que afecta directamente, y esperamos ayudar a aclararlas con este post que nos ha salido un poco largo (si te aburres ves directamente al resumen del final). Seguimos a la espera de que la Administración Tributaria aporte más luz sobre la forma de proceder, mediante notas o consultas.

Con la redacción de la nueva Ley del Impuesto de sociedadesLey 27/2014, de 27 de noviembre, se especifican los sujetos pasivos del Impuesto  de Sociedades:

Artículo 7. Contribuyentes

Serán contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español:

a) Las personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil.

¿Qué se entiende por objeto mercantil?

Para determinar si una sociedad civil tiene  objeto mercantil debemos acudir al Código de Comercio y resto de leyes tributarias. La actividad mercantil es toda aquella actividad relacionada con el derecho mercantil. Es decir, aquellas actividades o servicios que se relacionen con el mercado…. el espectro es tan amplio que casi resulta más fácil determinar las actividades que no se consideran mercantiles.

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